Fernández Garrido

Hoy se inaugurará un sistema de seguridad equipado con tecnología de última generación; tendrá sensores infrarrojos



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Un sistema de seguridad de última generación, equipado con videocámaras y sensores infrarrojos, se estrenará hoy en el cementerio de la comunidad judía de La Tablada. Este dispositivo, que el Ministerio del Interior de la Nación puso a disposición de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), apunta a evitar actos de vandalismo y profanaciones en tumbas ya sufridas en la necrópolis, situada en Crovara 2824, donde hoy descansan los restos de 100.000 personas. Por primera vez se instaló en el cementerio judío más grande del país un sistema de seguridad que es "multimonitoreable", lo que implica que se puede visualizar al mismo tiempo lo que sucede en distintos espacios de las 56 hectáreas que tiene el predio de La Tablada. Luego, esas imágenes se archivarán en DVD y se guardarán durante meses. "Con este sistema se prevendrán muchos delitos en las tumbas del cementerio de La Tablada, algo que ha ocurrido con frecuencia en este lugar. De esta manera, se vigilará todo el cementerio. Y también servirá para brindarle más seguridad a la gente que vive en la zona cercana", anticipó a LA NACION el presidente de la AMIA, Luis Grynwald. El nuevo sistema de seguridad ofrece varios mecanismos de alerta: después de las 18, se activarán sensores infrarrojos que detectarán el movimiento en cuerpos de más de 20 kilos. En caso de que una persona salte el paredón, por ejemplo, se accionará un dispositivo de alarmas y reflectores, además de filmar al intruso con cámaras de 800 metros de alcance. También el personal de seguridad del cementerio actuará para lograr su detención. Dos centros de control El centro de operaciones funcionará en forma simultánea en la sede de AMIA, en Pasteur 633, y en la comisaría 3a. de La Tablada, de la policía bonaerense, pero se podrá monitorear desde cualquier lugar del mundo con una clave especial, según informó el Ministerio del Interior. De la misma manera se podrán redireccionar las cámaras para ver en detalle alguna imagen en particular. "El ministro del Interior [Aníbal Fernández] entendía que había que encontrar una solución para el tema de los delitos en el cementerio de La Tablada, que, más que nada, son delitos vandálicos. Por eso desarrollamos un programa preventivo de seguridad con la última tecnología; hoy es el cementerio con más vigilancia en el país. El objetivo es trabajar con la psiquis del delincuente: éste va a pensar dos veces antes de entrar a robar o a causar daño, porque será filmado y grabado", dijo a LA NACION Diego Fernández Garrido, asesor del ministro Aníbal Fernández. Consultado el funcionario sobre cómo fue el acuerdo y entre el Gobierno y la AMIA, y qué monto se invirtió en este sistema, que corrió por cuenta del Estado, aseguró: "Cualquier monto es insignificante si se piensa en ayudar a una comunidad tan importante como es la judía en la Argentina. ¿Si es legal el uso de cámaras en espacios públicos, como en la calle? Las cámaras están pensadas sólo para controlar el interior del cementerio; toman la calle por mera casualidad", explicó Fernández Garrido. Para poner en funcionamiento el sistema de seguridad, un grupo de técnicos realizó tendidos eléctricos en la zona donde se encuentran las tumbas, que en distintas ocasiones fueron el objetivo de actos de vandalismo (ver aparte). Número telefónico Además, en los halls centrales del cementerio se instalaron pantallas de 32 pulgadas que recibirán imágenes de la vigilancia del predio inaugurado en 1936, que representa el patrimonio cultural, religioso e histórico de la comunidad judía. También se puso a disposición de quienes visiten el lugar un número telefónico para denuncias, que funcionará las 24 horas. "A lo largo del tiempo, hubo muchas acciones de vandalismo sobre lápidas y tumbas; aunque no hayan sido profanaciones, para la comunidad sí lo fueron, ya que el dolor sentimental que produjeron fue grande", dijo José Kviatec, director de Servicios Comunitarios de la AMIA. Por Pablo Tomino De la Redacción de LA NACION Robos y profanaciones En 1996
El 19 de octubre, desconocidos atacaron y profanaron más de un centenar de tumbas en el cementerio judío de La Tablada (foto). En 1999
El 18 de septiembre profanaron 63 tumbas en La Tablada. El ataque se produjo en vísperas del Día del Perdón (Iom Kipur), fecha sagrada para la religión judía. En 2002
El 14 de julio, el cementerio islámico de La Tablada (foto) sufrió un atentado: profanaron y destruyeron alrededor de 50 tumbas. En 2006
El 6 de marzo robaron 87 placas de bronce del cementerio judío de Liniers. En 2007
En lo que va del año, sólo en el cementerio de La Tablada, se denunció el robo de más de 700 placas, además de letras de bronce de las lápidas y fotos. El 25 de marzo último se dañaron dos monumentos y tres jardines en esa necrópolis.

Acompañado por el dirigente radical Mario Fuentes, Mariano San Pedro y el Funcionario Naconal Diego Fernández Garrido

Nos opondremos con vehemencia" afirmó decidido el candidato a Intendente por el Frente para la Victoria. "Acciones judiciales y sobre todo concientizar a los ciudadanos de ésta horrible propuesta del ejecutivo"A la vez Mario Fuentes afirmó: "No se tiene en cuenta ni siquiera a los discapacitados".Diego Fernández Garrido, funcionario cercano a Aníbal Fernández, comentó a Diario Brown: "Es significativo que traten de imponer este "negocio" a meses de un seguro recambio institucional, y no lo vamos a permitir" Agregó:"Instalaremos stands en la Ciudad y concientizaremos a la ciudadanía, no lo duden"

Los cálculos son una estimación de sectores estatales y privados. El negocio de las cámaras de video de seguridad crece un 25 % cada año. Sin embargo, aún no existe una legislación que regule su uso.
Están en plazas, restoranes, shoppings y supermercados. También en estaciones de trenes y subtes, pasillos de edificios, bancos y estadios. Los que pueden pagarlas, las instalan en sus casas o comercios. Quienes no, compran y colocan las truchas, "de mentira", sólo para asustar. Algunas las maneja la Policía; otras la SIDE, pero la mayoría están en manos de empresas privadas.Sólo en la Capital Federal hay instaladas al menos 120.000 cámaras en espacios públicos o semipúblicos grabando los movimientos de la gente hasta el último detalle. Y de la mano de la inseguridad, "el mercado crece a un promedio de 25% anual", estimó ante Clarín Enrique Greenberg, de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).Mas allá de las grandes compañías (como los shoppings o los bancos), un particular puede hacerse de su sistema de camarita por 500 dólares. Y una pyme alcanza a colocar 8 cámaras, una videograbadora digital y un monitor color por 15.000 dólares, de acuerdo a los cálculos de CASEL.Pero pese al auge de la vigilancia electrónica, todavía no existe una norma que defina hasta dónde se puede mirar, quien debe tener acceso al material filmado o qué corresponde hacer con las grabaciones. Cada usuario se maneja con su propio criterio o confecciona protocolos de seguridad (ver Imágenes...).En lo que hace a leyes sobre el tema, hay poco y nada. Recién esta semana la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña unificó dos proyectos del diputado Jorge Enriquez. En ellos se plantea la polémica idea de "filmar permanentemente la ciudad", como lo define Enriquez. Para esto propone crear un registro unificado de videos, que deben destruirse pasados 180 días.Mucho menos (exactamente 15 días) es lo que la Prefectura Naval guarda los registros de un nuevo sistema implementado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad: Puerto Madero.Desde principios de agosto el edificio Guardacostas de la Prefectura (avenida Madero y Perón) es el centro de un plan piloto que ya cuenta con 23 cámaras instaladas por todo ese barrio. La mayoría está en techos de edificios y postes de alumbrado.Graban durante las 24 horas, pueden girar 360 grados (adoptan hasta 99 posiciones distintas) y acercar la imagen hasta leer a la perfección la patente de un auto. Todas las imágenes que toman van por señal de aire a dos pantallas de plasma y cuatro monitores. Cada uno es controlado por una persona que sólo está frente a la pantalla dos horas seguidas, "para no perder concentración".El plan prevé que para fin de año haya 40 cámaras, que el Control Central se mude a la vista del público y que el sistema se complete con "botones de pánico" (tipo alarmas, de fácil acceso) distribuidos en la zona, por la que cada día de semana pasan 30.000 personas y el triple los sábados y domingos.Los especialistas dicen que el hecho de que la gente tenga cierto acceso a las imágenes es parte importante de la polémica. Para el Ministerio del Interior, que impulsó el proyecto Madero y los programas de videocámaras en trenes y subtes "las cámaras deben tener una función de control social: la persona puede entrar a Internet (www.laestacion.gov.ar) y vigilar si el policía está en el andén, como corresponde", explicó a Clarín Diego Fernandez Garrido, asesor de Interior.En el caso de los trenes las cámaras son 32 y todas mandan imágenes a la página; en el subte son 220 y sólo las instaladas en la estación Callao son de acceso público. "Pero no es lo mismo lo que puede mirar la gente que lo que mira la Policía; el nivel de calidad de la imagen es distinto", admite Fernández Garrido.Por lo pronto, el sitio de Internet abierto por Interior para el control de cámaras en transporte público registra casi 100.000 visitas de gente que debe dejar sus datos para así acceder a un código necesario que le permita ver las imágenes."Vale la inversión", asegura Diego Gorgal, ministro de Gobierno porteño, quien para los subtes tiene pensado un futuro sistema de cámaras con un software capaz de buscar situaciones de conflicto. Por ejemplo: hacer un zoom sobre un paquete abandonado sin que intervenga un operador."Las cámaras no sólo aportan a la prevención; también sirven como prueba en procesos penales", agrega el funcionario que también reconoce que el sistema admite riesgos como "la mala utilización de las imágenes si no se cuidan las condiciones de almacenamiento, acceso y utilización de los videos". Por eso, las cámaras que dependen de la Ciudad no son de acceso público.Lo que ahora, a nivel política de seguridad del Estado es un debate, no preocupa como dilema a los empresarios que desde hace años vienen utilizando las cámaras, en especial con dos objetivos: atrapar ladrones y resguardarse en casos de accidentes en sus instalaciones.Por ejemplo, en los 8 supermercados Jumbo de Capital hay instaladas 160 cámaras y otras 400 se colocaron en los 80 supermercados Disco. "Están en pasillos, playas de estacionamiento y líneas de caja. Cada quince días se hace una auditoría, se ven las tomas de horarios críticos y se descartan las grabaciones", explicaron fuentes de la empresa que definieron el sistema como "altamente disuasivo".

El ministro Aníbal Fernández junto al Frente de la Victoria de Almirante Brown
Dirigentes de esta corriente kirchnerista estuvieron reunidos en Casa Rosada con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. El funcionario manifestó su apoyo explícito al Frente para la Victoria de Almirante Brown. La reunión fue organizada por su asesor Diego Fernández Garrido.
En una reunión que se extendió por más de una hora, el ministro político del gobierno se reunió con la junta distrital del Frente para la Victoria / Concertación Plural de Almirante Brown, formada por Diego Fernández Garrido, asesor y referente de Aníbal en el distrito, el ex diputado justicialista, Jorge Calvelo, el radical concertador Mario Fuentes, el concejal Jorge Herrero Pons, el dirigente gremial Jorge Ayala, el dirigente del Partido de la Victoria Mariano San Pedro, el presidente del bloque FPV, Carlos Carvajal y el diputado provincial, Darío Giustozzi, quién recibió un fuerte respaldo a su candidatura a intendente, por parte de Aníbal Fernández. La reunión se inició con la presentación realizada por el diputado Darío Giustozzi de un resumen de la situación política en el distrito, lo que motivó un intercambio de opiniones sobre propuestas de gestión con vistas a las elecciones de octubre próximo. Aníbal Fernández, por su parte ponderó “la necesidad de realizar una renovación política y acompañar el crecimiento de nuevos dirigentes” y agregó “en política me gusta jugar fuerte, por eso los voy a acompañar, le voy a dar mi respaldo”. Los alentó a seguir “trabajando para el cambio, con actitud militante para fortalecer el proyecto nacional”.

El diputado provincial intentará posicionarse como la contrafigura del caudillo local mediante un acto que se presume masivo y que tendrá lugar en las instalaciones del club San Martín de Burzaco. La movilización al mitin tendrá repercusión directa en la definición de la nómina de candidatos donde el piqueterismo aspira a hacer valer su know how en esos menesteres.
El diputado provincial Darío Giustozzi aspira a protagonizar esta tarde un acto masivo que le otorgue un espaldarazo definitivo para convertirse en la alternativa del arco opositor a la ya lanzada candidatura a Intendente Municipal del diputado nacional Jorge Villaverde, en una jugada que entraña riesgos ya que varios de sus seguidores aguardan a incidir desde su poder de movilización en la confección de la lista de aspirantes a concejales de su sector.El mitin tendrá lugar desde las 17 en el gimnasio cerrado del Club San Martín de Burzaco, en Arenales e Ituzaingó, y los organizadores ya se garantizaron a ese efecto 150 micros con los que aspiran a lograr una concurrencia que supere las 3.000 personas. Aunque algunos de ellos admitieron que si superan las 2.000 el acto podrá ser consagrado por el éxito.Alguno de sus organizadores aseguraron también que fueron cursadas invitaciones especiales a funcionarios nacionales y provinciales - y también que sus presencias no estarían hasta ayer confirmadas – para integrar el palco que se ubicará al lado del escenario y desde donde Giustozzi, que será el único orador, dirigirá un mensaje a la muchedumbre que pujan por reunir en estas horas varios de los que tienen expectativa de acompañarlo como postulantes.En las estimaciones previas, el grueso de la concurrencia llegaría de la mano del piqueterismo más ortodoxo y todavía con peso significativo dentro del gobierno bonaerense que encabeza Felipe Solá y que se avecina al final de su mandato. Es el caso del jefe del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Carlos Carvajal, alineado con el Movimiento Evita. Y otros cuyo vínculo político con el gobierno nacional viene registrando remezones directamente proporcionales a las modificaciones que desde el ministerio de Desarrollo Social se introdujo sobre el control y distribución de los planes asistenciales. Grupo en el que puede referenciarse al Movimiento Barrios de Pié, que en el orden local representa Roberto De Cristófano. El dato de la capacidad de movilización no es menor y tendrá incidencia directa en la confección de las listas. No son pocos en el entorno de Giustozzi los que piensan que tendrá dificultades para mantener como candidata a primer concejal, a Ana Geneyro, de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Adeuco). Una decisión que no comparten la mayoría de los aliados al legislador y que los inclinaría para alentar como contrafigura a De Cristófano.Una sorpresa podría constituir la inclusión en una lugar expectante de la nómina de Diego Fernández Garrido, allegado al ministro del Interior, Aníbal Fernández, y quien gestionó la reunión que el funcionario mantuvo con Giustozzi esta semana. Hecho que tal vez explique el aserto del legislador al suplemento local de un diario de circulación nacional y en el que aseguró “tener línea directa con la Casa Rosada.”